¿Cómo puedo tramitar mi desvinculación?

El Régimen General de Desvinculación Voluntaria ofrece a los agentes públicos la posibilidad de retirarse de la administración con beneficios económicos y cobertura de salud.

Beneficios

• Pago de 1,2 sueldos por cada año de antigüedad o fracción mayor a seis meses
• Cobertura de obra social IPROSS durante un año, con aportes y contribuciones 100% bonificados
• Exenciones en tributos provinciales para quienes inicien una actividad económica en la provincia o contraten personal desvinculado dentro de los 12 meses siguientes.

¿Cómo adherir?

1-Presentar en Recursos Humanos:

• Formulario A de adhesión. Tiene que tener el sello con la fecha de recepción, porque es esa fecha la que se tomará para calcular la antiguedad. 
  >>Descargar Formulario
  
  
• Certificado de antecedentes penales de Río Negro
  >>Ingresar a la web de la Policía de Río Negro
  
  
• Registro Nacional de Reincidencia
  >>Ingresar a la web del Registro Nacional de Reincidencia

2-Recursos Humanos prepara el expediente con información adicional sobre: antigüedad, licencias, bonificaciones, funciones, bienes patrimoniales y la conveniencia de la desvinculación según la máxima autoridad de la jurisdicción.

3-La Secretaría de la Función Pública tiene 30 días para emitir un dictamen:

• Si es no favorable, el agente es notificado y no puede recurrir
• Si es favorable, el agente tiene 5 días para aceptar, declinar o pedir revisión de errores en la liquidación
• Si se acepta, Recursos Humanos notifica al agente, se presenta la renuncia y se envía el proyecto de acto administrativo al Ministerio de Hacienda para la intervención y pago correspondiente

Exclusiones

No pueden acceder al régimen:

• Personal de policía provincial, servicio penitenciario y docentes
• Personal sometido a proceso penal o sumario administrativo
• Funcionarios de conducción política, autoridades superiores o quienes estén próximos a jubilarse (menos de 5 años)
• Titulares de jubilación (excepto pensiones por fallecimiento)
• Personal no permanente o que haya iniciado reclamo administrativo o judicial contra la provincia (salvo Ley 24557)

Este régimen está diseñado para ofrecer seguridad económica y cobertura sanitaria a quienes decidan dar un paso hacia nuevos proyectos, respetando condiciones claras y un proceso transparente.